Resumen Ejecutivo - Febrero 2020

Monitor Macro


Jubilaciones: De la reparación histórica, a la licuación histórica

La ley de emergencia económica que el gobierno logró aprobar al inicio de su gestión, no sólo lo habilitó a elevar la presión impositiva en poco más de 1,5% del PBI (entre retenciones, un nuevo impuesto sobre las operaciones en moneda extranjera, bienes personales, etc), sino que por el lado del gasto, también le permitió suspender por seis meses la indexación de la jubilaciones, dejando la puerta abierta a la licuación vía inflación.

En concreto, la fórmula que se suspendió otorgaba un aumento del +11,6% para todas las jubilaciones en el mes de marzo. En su reemplazo el Gobierno anunció un aumento de $1.500 + 2,3%.

Esta nueva fórmula favorece a más de 3,6 millones de personas que son quienes perciben la jubilación mínima, dado que implica un aumento del 13% en marzo versus 11,6% que otorgaba la ley suspendida. Pero perjudica a un universo de 3 millones de personas que observarán un menor incremento al que correspondía por ley.

A modo de ejemplo:

- Para un haber que duplique el haber mínimo, el aumento será de +7,6%, reflejando una quita de un tercio sobre el aumento que otorgaba la ley suspendida (+11.6%).

- Para haberes equivalentes a tres veces la mínima, el aumento será de +5,9% con la nueva fórmula, lo que implica que cobrará la mitad del aumento que le otorgaba la ley previa.

- Para haberes que son equivalentes a 4 veces la mínima, el aumento será de +5% en marzo, advirtiendo una quita de casi el 60% sobre el aumento con la vieja fórmula.

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Para el caso promedio del jubilado con aportes (con un haber equivalente a casi dos veces la mínima), el incremento de marzo será del +7,3%, reflejando una quita del 37% sobre el aumento que le correspondía. Para el pensionado promedio con aportes, el aumento será del 9,8% en marzo, advirtiendo una quita del 15% al aumento previsto por la ley.

Por el otro lado, los 3,6 millones de jubilados y pensionados que ingresaron al sistema de seguridad social con la moratoria previsional, todos ellos observarán un aumento cercano a casi el 13%, dado que casi todos perciben el haber mínimo.

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Impacto fiscal

Ajuste de $2.500 millones mensuales (sin leyes especiales)

El impacto neto de otorgar un aumento del 13% a los que cobran el haber mínimo, se compensa con creces al otorgar menores aumentos a los 3 millones de haberes que están por arriba de la mínima. El impacto neto genera un ahorro de $2.500 millones de pesos mensuales versus el costo fiscal de la suspendida ley de movilidad.

Ahora bien, existe un universo de 240 mil jubilados que están en el marco legal de "leyes especiales", todos con haberes sustancialmente mayores al régimen general. Son el 3% de la cantidad de jubilados, pero representan el 10% del gasto mensual en pago de haberes. Todos ellos están ajenos el ajuste anunciado.

Los "docentes no universitarios" representan el 71% de los haberes dentro de las leyes especiales. Tienen un haber promedio que es equivalente a 4 veces la mínima del régimen general. Bajo el ejercicio de replicar el ajuste que aplicó sobre los jubilados del régimen general, tendrían un aumento de 4,9% en marzo.

Para el caso del poder judicial, con haberes que son equivalente a 16 veces la mínima, en el mismo ejercicio le correspondería un aumento del 3,0% en marzo. Para los ex embajadores retirados, con jubilaciones que son equivalentes a 23 jubilaciones mínimas, el aumento sería del 2.8% en marzo.

tabla03

Es decir, el sistema previsional se subdivide en dos grandes grupos: El régimen general que paga 5,8 millones de jubilaciones, de los cuales 3 millones tendrán un ajuste a la baja desde marzo. Y el régimen de "leyes especiales" de 240 mil jubilaciones, con haberes sustancialmente mayores al régimen general, que no estarán afectados por el ajuste.

El ajuste anunciado recae sobre el régimen general, afectando las jubilaciones de 3 millones de personas por un total de $2.500 millones mensuales. Unos $32.500 millones anuales al sumar el aguinaldo, equivalente a 0,15% del PBI.

Sólo como ejercicio que ponga en evidencia las distintas "categorías" de jubilados, de replicar el mismo ajuste que desde marzo afectará al régimen general, pero extendiéndolo sobre las jubilaciones dentro de las leyes especiales, implica que los 214 mil haberes observarían un aumento promedio de sólo +4,5% en marzo, y el ajuste fiscal adicional estimado sería cercano a $1.137 millones mensuales.

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Consideraciones finales

La práctica de aumentos discrecionales de suma fija para todas las jubilaciones es algo que ya sucedió entre 2002 y 2006, con el objetivo de licuar las jubilaciones más elevadas.

Esta forma de licuar las jubilaciones en el pasado ya gatilló una lluvia de juicios contra el Estado desde 2002 al 2015, pero solo una garúa de sentencias y un mero goteo de gasto público para su pago. Los pocos jubilados que cobraron lo hicieron 10 años más tarde, o bien el cobro les quedó de herencia a los familiares.

En 2016 el Estado intentó poner fin a la lluvia de juicios, con el programa de "reparación histórica". Ese plan implicó hacer una oferta por el retroactivo pisado y elevar la jubilación al monto correspondiente. La mayoría aceptó la oferta oficial pese a la quita, ante una Justicia que mostró que no otorga respuesta en tiempo y forma.

En todos sus fallos, la justicia ya advirtió que no corresponde pisar las jubilaciones de quienes en su momento aportaron de buena fe, y por eso todas las sentencias le ordenaron al Gobierno devolver el dinero.

El retorno a la práctica de licuar las jubilaciones arriba de la mínima, afectando los ingresos de 3 millones de personas, sin duda que despertará nuevamente una ola de juicios al Estado.

Se puede tener un sistema de pensiones completamente estatal o uno completamente privado, o los dos al mismo tiempo tal como recién se aprobó en Brasil. En cualquier esquema, si se respeta lo básico, se logra el resultado buscado. No es necesario ni endiosar al sistema de reparto, ni tratar de diablo al sistema de capitalización individual. Ambos sistemas llegarán a la quiera con un Estado estructuralmente deficitario, tal como ya demostró la Argentina.

Ahora, si se quiere un sistema de reparto donde todos tengan una jubilación mínima independientemente del aporte realizado, ese esquema deberá ser una norma explícita, para no estafar más a nadie.

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