Informe Macro - Diciembre 2019

El ajuste, es con todos


El nuevo Gobierno aprovechó su flamante mayoría en el Congreso y en sólo 10 días aprobó el proyecto de ley que implica un ajuste fiscal por más de 2,4% del PBI, equivalente a USD 9.000 millones.
Este monto se subdivide en la creación de nuevos impuestos por USD 6.000 millones, y en la contracción de gasto público por USD 3.000 millones.

Este ajuste también se puede subdividir en los sectores de la sociedad en que recaerá:

  • El campo y las PYMEs pagarán USD 3.000 millones en nuevos impuestos, donde se destacan más retenciones y más contribuciones patronales.
  • La clase media pagará USD3.000 millones en nuevos impuestos, sea por ahorrar, viajar o comprar un auto.
  • Los jubilados pagarán USD3.000 millones, al suspender el aumento nominal de 25% que otorgaba la actual ley de movilidad con los dos aumentos de marzo y junio 2020. La pérdida final dependerá del aumento discrecional que otorgue el ejecutivo.

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Los nuevos impuestos sumarán USD6.000 millones a las arcas del Estado, equivalente a 1,5% del PBI. Se destaca el nuevo aumento en las retenciones a las exportaciones que sumará USD2.200 millones y el nuevo impuesto al uso de divisas que rondará los USD1.500 millones. Otros impuestos también se elevaron como contribuciones patronales, bienes personales, tasa estadística, ventas de automóviles, entre otros. Cada uno de ellos conlleva supuestos y aspectos técnicos que no se detallarán en este artículo, que busca tener un primer impacto fiscal del agregado.

De la reparación histórica, a la licuación histórica

El gasto público en jubilaciones está indexado desde 2009, y con nueva fórmula desde 2017 (70% inflación + 30% salarios). Esta fórmula se indexa con 6 meses de demora, por lo que la inflación del segundo semestre del 2019 ya definió los aumentos del primer semestre del 2020.

En concreto, en marzo correspondía un aumento del 11,6%, y cerca del 12,2% para junio. Estos dos aumentos son los que suspende el gobierno con la ley de emergencia aprobada, que entre ambos sumaría un 25% en el semestre y permitían a las jubilaciones un aumento del 52,8% interanual en junio de 2020.

Suspendida la indexación, los aumentos trimestrales quedan en manos de la discrecionalidad del poder ejecutivo, por los que surgen dos posibilidades:

  • En un extremo donde no se hagan nuevos aumentos (y sin considerar bonos por única vez), la jubilación en vez de mostrar un aumento interanual del 52,8% en junio de 2020, observaría aumentos de sólo 22% interanual.
  • En un escenario intermedio, donde discrecionalmente se otorgue aumentos que en el promedio sean equivalentes a la mitad de lo que otorgaría la ley (12,5% en vez de 25%), la jubilación promedio mostraría aumentos del 37% interanual para junio 2020. Este menor incremento a lo que expresa la ley suspendida (25%), explica el ajuste de UDS3.000 millones que estimamos en la erogación por jubilaciones y pensiones

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Ahora bien, pasar de "25% para todos, a 12,5% en promedio" responde a que supone aumentos discrecionales de suma fija de igual monto para todos, sistema que entre 2002 al 2007 buscó licuar deliberadamente las jubilaciones arriba de la mínima para achatar la pirámide.

Esta forma de licuar las jubilaciones en el pasado ya gatilló una lluvia de juicios al Estado, pero sólo una garúa de sentencias, y un goteo de gasto público para su pago. Los pocos que cobraron, lo hicieron 10 años más tarde, o bien su cobro quedó de herencia entre familiares.

En 2016 el nuevo gobierno intentó poner fin a la lluvia de juicios con el programa de reparación histórica. El mismo implicó hacer una oferta por el retroactivo pisado y elevar la jubilación al monto correspondiente. La mayoría aceptó la oferta pese a la quita, ante una justicia que mostró no otorga respuesta en tiempo y forma.

Ahora bien, si el objetivo es volver a licuar las jubilaciones arriba de la mínima, suspender la ley de movilidad es el primer paso y otorgar aumentos de suma fija para todos, el segundo. Por lo tanto, el ajuste final dependerá de los montos de suma fija que se otorguen en el primer semestre del 2020:

  • Si no se otorga ningún aumento en el semestre, frente al 25% que acumulaba la actual ley, implicará un ajuste 1,3% del PBI, equivalente a un ajuste de USD6.000 millones.
  • Si suponemos aumentos discrecionales de suma fija que sean en promedio la mitad a lo que implicaba la ley (25% vs 12,5%), el ajuste será de 0.7% del PBI, equivalente USD3.000 millones, donde la mayor parte del ajuste recaerá en los jubilados arriba de la mínima

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En este ejercicio no se consideran los bonos que se otorgan por única vez dado que sólo son un paliativo sobre el ajuste que se realiza en forma estructural. Otorgar dos bonos de $5.000 a cada jubilado, además de $2.000 a cada prestación de AUH, tiene un costo de 0,2% del PBI. Este monto de ajuste que no recae en 2020, recaerá en 2021 cuando ya no esté el bono.

Consideraciones finales

Durante la "década ganada" el Gobierno duplicó el tamaño del Estado, pero sin tener la menor idea de cómo financiarlo.

Cuando bajó el precio de la soja del récord de los USD600 la tonelada, el Gobierno ya tenía un déficit fiscal de 8,0% del PBI en 2015, equivalente a la friolera de USD30.000 millones anuales.

Entre 2016-2019 con el desarme del esquema de los subsidios energéticos, el Gobierno de Cambiemos logró reducir el déficit fiscal a la mitad, hasta llegar a 4,0% del PBI en 2019, equivalente a poco más de USD15.000 millones.

El nuevo Gobierno de Alberto Fernández en 10 días ya logró aprobar un ajuste fiscal por USD9.000 millones, donde 2/3 se explica por subir impuestos y 1/3 por pisar jubilaciones.

El ajuste recaerá principalmente sobre el Campo, la clase media y jubilados con USD3.000 millones cada uno.

En el pizarrón, el déficit fiscal baja de 4,0% a 2,0% del PBI tras este ajuste. Pero la suerte de todo el programa fiscal estará en la negociación de la deuda.

Ahora bien, respecto al ajuste previsional, está todo armado para que vuelva la saña de pisar las jubilaciones que están por arriba de la mínima, que en abrumadora mayoría corresponde a los ciudadanos que completaron todos sus aportes en su vida activa.

La mayor parte del ajuste recaerá sobre ellos dado que vamos directo a aumentos de suma fija, que licuarán las jubilaciones más elevadas. Si bien por ahora es especulación, es lo que sucedió entre 2002-2007, previo a la sanción de la primera fórmula previsional en 2009 y gatilló una catarata de juicios al Estado.

La justicia ya advirtió que no corresponde pisar las jubilaciones de quienes en su momento aportaron de buena fe, y por eso todas las sentencias reclaman al Gobierno devolver el dinero.

Se puede tener un sistema de pensiones de reparto, o uno completamente privado, o los dos al mismo tiempo, tal como recién se aprobó en Brasil. En cualquier esquema, si se respeta lo básico, se logra el resultado buscado. Pero si se quiere un sistema de reparto donde todos tengan una jubilación mínima independientemente al aporte realizado, debería ser explícito para no estafar a nadie.

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