Informe Especial - Mayo 2020

EE.UU. - Coronavirus ¿Salud pública vs actividad económica?


El número de personas infectadas con el coronavirus en los EEUU es de 1.500.000, con poco más de 87.000 muertos. Sorprendentemente, en ningún momento el presidente Trump tomó medidas de distanciamiento físico o cierre de establecimientos a nivel nacional, dejando librado al arbitrio de los gobiernos estatales las acciones de contención del virus.

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Tampoco el gobierno central asumió un papel activo en la distribución de respiradores y elementos de protección personal dando lugar a una absurda competencia entre Estados y aun con el mismo gobierno para hacerse de esos elementos. En algunos casos se vio el triste espectáculo de enfermeras cubriéndose con bolsas plásticas para basura en lugar de los guardapolvos apropiados.

En consecuencia, unos ocho estados nunca implementaron medidas de distanciamiento físico (quedarse en casa) y unos 39 de los 50 estados están en proceso de relajar esas medidas y reabrir la economía. Y en alrededor de la mitad de ellos la cantidad de nuevos casos continúa creciendo en tanto que con solo dos excepciones (Rhode Island y North Dakota) la cantidad de test está por debajo de los 152 por cada 100.000 habitantes, nivel recomendado por los expertos para reabrir.

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La curva del total de casos positivos en los Estado Unidos se mostró estable e incluso aplanándose en los últimos días. Sin embargo, si se excluye a New York, donde finalmente el número de casos está descendiendo, la curva para el resto del país continua en ascenso. Además, ninguno de los estados mencionados cumple con el requisito de catorce días con descenso en la cantidad de casos antes de relajar las restricciones, como requerían los lineamientos formulados oportunamente por el gobierno federal, que ahora aplaude la decisión de los gobernadores involucrados en la reapertura.

Tampoco están dadas las condiciones para el seguimiento de nuevos casos después de la reapertura, aconsejado por los expertos para detectar posibles rebrotes ya adoptar medidas correctivas. Y pese a que el Centro de Control de Enfermedades elaboró una guía detallada sobre las precauciones a adoptar en la reapertura de cada actividad, la administración federal decidió no publicarla ni hacerla obligatoria.

Para peor, el presidente emitió una orden para que reabran las plantas procesadoras de carnes y aves, aunque sin exigirles la adopción de medidas para proteger al personal, para las cuales el poder ejecutivo se limita a dar sugerencias, mientras que acatar esa orden protege a las empresas propietarias de posibles juicios por parte de posibles víctimas del virus, infectadas como consecuencia de la actividad. Sin embargo, hay indicios alentadores de que muchas de las empresas que empezaron a reabrir sus actividades están tomando recaudos para proteger a su personal y clientes, reduciendo la probabilidad de rebrotes.

Para entender la premura de reabrir la economía, basta con observar que las solicitudes de compensación por desempleo suman 30 millones al cierre de la presente nota, pese a las dificultades experimentadas por muchas personas para acceder al sistema por el abarrotamiento de llamadas e intentos de acceso online. Mientras tanto, el nivel de desempleo se aproxima al 15% y según un asesor económico de la Casa Blanca, podría llegar al 30% en junio, cifras no alcanzadas desde la Gran Depresión.

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Pese a esas alarmantes estadísticas sobre la situación económica, casi dos tercios de la población opinan que reabrir la economía en estas condiciones acarrea el riesgo de un resurgimiento del virus, con consecuencias aún más graves, mientras algo más de un tercio está a favor de hacerlo para minimizar el impacto en la actividad económica.

Pero lo que resulta llamativo es que las posiciones al respecto varían significativamente según la filiación política de las personas. Según una encuesta de IPSOS, en colaboración con la cadena de noticias ABC, mientras el 92 por ciento de Demócratas están en contra de la reapertura, con un 8 por ciento a favor, un 65 por ciento de Republicanos la favorecen contra un 35 por ciento que opinan lo contario. También la aprobación del manejo de la pandemia por parte del gobierno federal es de solo 8 conta 92 por ciento entre los Demócratas, en contraste con 87 a 13 entre los Republicanos. Algo similar ocurre en el uso de máscaras faciales.

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Como reflejo de esa polarización, se registraron manifestaciones de protesta contra las medidas restrictivas, en diversos puntos del país, particularmente en estados con gobernadores Demócratas, argumentando que las restricciones violan sus derechos constitucionales. Por otro lado, profesionales de salud pública y la mayoría de la población considera que, si bien esos manifestantes tienen derecho a arriesgar su salud, no deberían ignorar que el hacerlo no se limita al posible daño personal, sino que conlleva el riesgo de contagiar a otras personas, incluso algunas de las más vulnerables.

Pero, aparte de las manifestaciones por razones de supuestos derechos constitucionales, no cabe duda de que, a medida que transcurre el tiempo, el cierre de la economía se hace cada vez más difícil de soportar. Según estimaciones preliminares, el PBI de los Estados Unidos cayó un 4,8% en el primer trimestre, debido en gran parte a las órdenes de "quedarse en casa" y suspender actividades en el mes de marzo, mientras los técnicos del Banco de la Reserva Federal de New York estiman una caída del 31% para el segundo trimestre.

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Cifras de esa magnitud enfatizan la urgencia de abrir la actividad económica, sobre todo considerando que el grueso de la población, y particularmente los sectores de menores recursos, está padeciendo situaciones sumamente apremiantes por el cierre de sus fuentes de trabajo. También lo demuestran las largas colas para obtener alimentos en los llamados "food banks", que dispensan cajas con comida, reemplazando las tristemente conocidas ollas populares. Esas colas a veces alcanzan a más de tres kilómetros de automóviles en fila para obtener sus raciones.

Esta situación refleja la insuficiencia de las medidas paliativas que, pese a su costo de alrededor de 3 billones de dólares (trillones, en la jerga norteamericana) solo contenían un pago único de 1.200 dólares para familias con ingresos inferiores a 75.000 anuales, con una escala decreciente hasta los 125.000. Y aun esa magra cifra solo llegó a aproximadamente la mitad de los supuestos beneficiarios ante el difícil proceso para acceder al beneficio. En estos momentos, algunos senadores Demócratas están proponiendo un pago mensual de 2.000 dólares, proyecto que tiene pocas probabilidades de éxito en un Congreso dividido y un presidente poco proclive a aumentar esos gastos.

Pese al fuerte impacto de las medidas de alivio adoptadas por el gobierno federal, Jerome Powell, presidente (chairman) del FED, recomendó mas medidas de estimulo como modo de evitar daños severos y mas permanentes a la economía.

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En resumen, es imperiosa la necesidad de reanudar las actividades económicas, pero al mismo tiempo deben tomarse los recaudos necesarios para hacerlo de manera inteligente, protegiendo la salud de la población y, sobre todo, de los trabajadores que, en muchos casos tienen que elegir entre cuidar su salud y/o la de su familia o ganar los medios para alimentar y cuidar a la misma. El doctor Antonio Fauci, líder del grupo de especialistas asesorando al presidente sobre la pandemia advirtió que una reapertura apresurada y sin los requisitos mínimos de seguridad causaría sufrimientos y muertes evitables y probablemente un nuevo retroceso en la economía.

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