Informe Especial - Enero 2020

El procesamiento de Trump: un proceso alarmante


Antes de entrar a considerar las consecuencias del procesamiento del presidente Trump para la democracia allí y en el resto del mundo, parece oportuno reseñar los acontecimientos hasta el momento.

Como se señaló en una nota del mes de noviembre, cuando parecía que las acciones de Trump detalladas en el informe Muller quedarían impunes, la denuncia de presiones al presidente de Ucrania para lanzar una investigación al candidato Demócrata Joe Biden desató una activa investigación del Congreso para verificar la validez de esa denuncia.

En respuesta, y para sorpresa de sus partidarios, Trump difundió el resumen de una conversación con el presidente ucraniano que calificó de "perfecta", pese a que ante el pedido de ciertas armas antitanques, esenciales para enfrentar la invasión rusa, su respuesta fue, "sin embargo, necesito un favor" (I need a favor, though) y le mencionó la referida investigación.

Luego, y pese a la continuada negativa de la Casa Blanca a proporcionar cualquier documento o permitir la comparecencia de testigos citados por el Congreso, un considerable número de funcionarios decidió ignorar la prohibición, concurriendo a presentar fuertes declaraciones ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes corroborando la denuncia y aportando detalles aún más condenatorios.
Como resultado de ese proceso, el Comité emitió un extenso documento detallando las acciones de Trump que considera violatoria de la Constitución. Las más de 300 páginas del informe proporcionan una descripción detallada de las mismas, además de un resumen titulado "Descubrimientos de hechos claves" (Key Findings of Fact).

Ese resumen consta de dos secciones, de las cuales la primera detalla la conducta impropia del presidente, como el despido injustificado de la embajadora en Ucrania y su virtual reemplazo por los llamados "tres amigos", quienes transmitieron a los ucranianos que para liberar casi 400 millones de dólares en armas antitanque aprobadas por el Congreso para resistir la invasión rusa, así como para recibir al presidente de ese país en la Casa Blanca como prueba de apoyo era necesario anunciar esa investigación en CNN. Como señala el documento, el congelamiento de la ayuda militar se mantuvo precisamente hasta que el tema fue públicamente denunciado.

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La segunda sección del resumen enumera las instancias de obstrucción de la investigación del Congreso, al negarse totalmente a entregarle la documentación solicitada, bloquear el testimonio de sus funcionarios e intimidar a los testigos.

Si bien se optó por limitar el juicio a los dos artículos citados, el documento que los contiene señala en ambos casos que los hechos contemplados son consistentes con un patrón de comportamiento reiterado, incluyendo la invitación a países extranjeros a interferir en el proceso eleccionario norteamericano.

El informe del Comité de Inteligencia fue públicamente difundido y remitido al Comité Judicial, el que a su vez convocó a una audiencia pública con expertos constitucionalistas, a los cuales se les pidió opinión sobre dichas acciones, a la luz de las pruebas documentales y testimoniales disponibles. Los tres expertos convocados por los Demócratas opinaron que las acciones de Trump constituían violaciones contempladas en la Constitución como causales de juicio político.

Un cuarto experto, presentado por los Republicanos, opinó que si bien los actos del presidente eran impropios, no debían desatar el juicio político sin esperar el bloqueado testimonio de los funcionarios de la Administración, una vez aprobado por la justicia.

La respuesta de los Demócratas puede sintetizarse en las palabras del líder del Comité de Inteligencia, Adam Schiff: "Esperar a que haga trampa en otra elección más?". Pero una razón igualmente importante es que eso dilataría significativamente el proceso hasta bien avanzada la campaña electoral, reforzando el argumento de que sería más apropiado esperar el veredicto de las urnas, con el riesgo de impunidad para Trump y la creación de un peligroso precedente para futuros gobiernos.

El 9 de diciembre, el Comité Judicial mantuvo una nueva y última ronda de audiencias antes de abocarse a la redacción de acusaciones para el juicio político (articles of impeachment) y al día siguiente se anunciaron los cargos: 1) abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero a intervenir en el proceso electoral, y 2) obstrucción del Congreso, al negarse a suministrar ni siquiera uno de los documentos solicitados para la investigación y prohibir la comparecencia de testigos. Finalmente, luego de un agotador debate, el Comité Judicial aprobó ambos artículos por 23 a 17, donde la totalidad de los Demócratas votaron a favor, mientras todos los Republicanos votaron en contra. Pocos días después, el Comité remitió esos artículos al plenario de la Cámara de Representantes donde fueron aprobados por amplia mayoría, convirtiendo a Donald Trump en el tercer presidente en la historia de los Estados Unidos en ser procesado. El próximo paso será enviar la resolución al Senado, que deberá decidir si absuelve al presidente o lo declara culpable determinando su remoción.

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Pero tanto el debate en ambas comisiones como en el plenario de la Cámara son motivo de alarma. Mientras todo el bloque Demócrata se expresó en forma crítica sobre las acciones del presidente, los Republicanos se opusieron en forma monolítica a los cargos contra el presidente. Y en la votación del plenario, solo dos Representantes Demócratas votaron contra el primer artículo y tres contra el segundo, mientras la totalidad de los Republicanos se opusieron a ambos. Mas aun, el Republicano Mitch McConnell, líder del Senado, acaba de anunciar que está coordinando totalmente con la Casa Blanca los detalles del proceso a seguir en el juicio. Es decir que el líder del cuerpo que actuará como jurado, está coordinando los detalles del juicio con el acusado. Por su parte, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, manifestó que antes de designar los encargados de la acusación esperara hasta estar segura de que allí serán objeto de un juicio justo. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de demorar el envío de los artículos al Senado, hasta tanto eso se resuelva.

Es difícil aceptar que esas posiciones diametralmente opuestas obedezcan a un análisis objetivo de los hechos en el marco de las disposiciones constitucionales. Cualquier observador llegaría a la conclusión de que las lealtades partidarias prevalecieron sobre la evaluación de la evidencia. Y el voto casi unánime de cada bloque apoya claramente esa evaluación.

Cabe entonces preguntarse, ¿cuál será la actitud de Trump una vez que, como se espera, sea absuelto por el Senado?, ¿Será esta una señal para cualquier futuro presidente que tendría total impunidad en tanto tenga el apoyo del Congreso?, ¿Y qué pasaría si los Republicanos retomaran el control del congreso en las elecciones de 2020 con un presidente Demócrata, le iniciarían juicio político ante cualquier desacuerdo sobre decisiones presidenciales? A menos que algo cambie fundamentalmente esas perspectivas no generan optimismo sobre el sistema de gobierno en los Estados Unidos y, por extensión, en el resto del mundo.

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