Informe Especial - Noviembre 2019

Juicio político a Trump: La gota que desbordó el vaso


El propósito de esta nota es presentar una síntesis de la cambiante situación política del presidente de los Estados Unidos, condensando en un solo texto los fragmentos de información aparecidos en los medios de nuestro país.
En poco menos de tres años, parecía que nada podía afectar el apoyo al presidente Trump por parte de su base electoral. Incluso antes de las elecciones, la difusión de la grabación conocida como Access Hollywood, donde usando obscenidades se jactaba de abusar sexualmente a diversas mujeres aprovechando su fama no le impidió el triunfo en el Colegio Electoral.

Una vez asumido su mandato se reveló que durante la campaña ordenó el pago de cientos de dólares a un par de mujeres para evitar que se difundieran encuentros extramaritales. Algunos de esos pagos fueron efectuados por su abogado personal en violación de las leyes sobre financiación de las campañas. Mientras su abogado fue encarcelado por ese delito, Trump fue declarado "co-conspirador no procesado".

Luego vino el despido de James Comey, director del FBI y el haber admitido que lo hizo para acabar con la investigación del "asunto Rusia", como se refirió al caso de intervención rusa en las elecciones de 2016. Esa fue una de las causas de la designación de Robert Muller como Fiscal Especial y cuyo informe, al cabo de dos años de investigación reveló, en la Parte 1, un alto número de contactos de personal de la campaña de Trump con agentes rusos, aunque no pudo reunir pruebas suficientes del delito de conspiración, entre otras cosas por las mentiras de testigos que terminaron procesados y algunos encarcelados.

Por otro lado, la Parte 2 detalló 16 instancias de obstrucción de justicia por parte de Trump, pero se abstuvo de decir si constituían un delito, condicionado como expresa al principio del informe por una opinión del Departamento de Justicia de que un presidente en ejercicio no puede ser procesado. Pero a la vez señaló que el presidente puede estar sujeto a la intervención del Congreso, lo que se interpretó como alusión al juicio político. En opinión de Muller, opinar si se cometió un delito cuando la persona no puede ser enjuiciada, violaría los derechos de la misma al no disponer de la oportunidad de defenderse en un juicio. Pero el informe dice expresamente que, si la evidencia permitiera exonerar al presidente, así lo afirmaría.

Pese a que el informe contiene claras evidencias de actos muy cuestionables por parte del presidente y permite afirmar que cualquier ciudadano común sería procesado por esos hechos, el Procurador General William Barr afirmó en un documento previo a la difusión del informe que las conclusiones del mismo eran "no colusion" y total exoneración del presidente. De esa afirmación se hizo eco el mismo Trump y varios legisladores de su partido, contribuyendo a que la mayoría de los ciudadanos estuvieran en contra de iniciarle un juicio político. También en el Congreso era difícil lograr una mayoría para hacerlo, aún dentro del mismo partido Demócrata.

Ante esa situación, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, optó por llevar a cabo una investigación sobre los hechos revelados en el informe Muller, citando testigos y recabando documentación, con la esperanza de que las revelaciones de ese proceso inclinarían la opinión en favor del juicio político. Pero para su frustración, y la de los Representantes de su partido, tropezó con la falta de cooperación de la Casa Blanca, que ordenó a los miembros de la Administración no comparecer ante el Congreso ni entregar ninguno de los documentos solicitados y utilizó todas las medidas dilatorias a su alcance, en la expectativa de que el transcurso del tiempo y la proximidad de las elecciones desinflarían los efectos del informe.

Todo parecía indicar que Trump no solo estaba protegido por una capa de teflon, sino por una coraza de acero. Sin embargo, cuando menos se esperaba, se publicó una denuncia de un miembro de la comunidad de Inteligencia, amparada en la protección que la ley provee a quienes formulen denuncias graves y urgentes. El/la denunciante afirmó, entre otras cosas, que Trump había llamado al presidente electo de Ucrania y le había pedido "un favor", consistente en investigar (ensuciar) al exvicepresidente y precandidato Demócrata por supuesta corrupción, de la cual no existe ninguna evidencia y que ya había sido desvirtuada por las autoridades de ese país. Tal solicitud está explícitamente prohibida por la ley, que no permite solicitar ni aceptar contribuciones por parte de ciudadanos o gobiernos extranjeros.

La respuesta de Trump no fue negar la llamada, sino calificarla de "perfecta" y publicar la transcripción de la llamada, que no solo confirmaba la denuncia, sino que además evidenciaba que el "favor" estaba relacionado con la ayuda militar a Ucrania para defenderse de Rusia. La intervención extranjera en el proceso político es un tema muy sensible para los norteamericanos, y si Muller fue benévolo sobre los contactos con Rusia admitiendo la posibilidad de que Trump no tuviera intenciones de violar la ley, en el caso de Ucrania no hay lugar a ninguna duda de que ahora si conocía la ley. Y para peor, en una rueda de prensa llegó a sugerir que también China debería investigar a Biden.

A poco de conocerse la denuncia, la Cámara de Representantes inició un proceso formal para determinar si correspondía el juicio político, medida que tuvo el apoyo de la mayoría de los congresistas demócratas. Y a medida que se fueron conociendo los detalles de la llamada y el hecho de que se intentó ocultar su transcripción y la de otras llamadas con líderes de países extranjeros, archivándolas en un servidor reservado a temas del mayor secreto en términos de seguridad nacional, empezó un proceso paulatino pero ininterrumpido de cambio en la opinión pública respecto al juicio político al presidente. De acuerdo con las últimas encuestas, la mayoría de la población aprueba ahora la realización de ese proceso y a principios de octubre un 48% se manifiesta en favor de remover de su cargo al presidente, contra otro 48% que se opone.

Todo parece indicar que en las próximas semanas la Cámara aprobará artículos de juicio político (impeachment) y los remitirá al Senado que llevará a cabo el juicio bajo la presidencia del presidente de la Corte Suprema, y en el cual son necesarios dos tercios de los votos para destituir al presidente. En estos momentos es difícil predecir el resultado final del juicio, ya que muy pocos senadores Republicanos han esbozado alguna crítica a la actitud del presidente. Sin embargo, todo podría depender de la evolución de la opinión pública, en particular en aquellos estados cuyos senadores deben renovar su mandato en 2020.

Finalmente, para agregar a los problemas de Trump, su reciente decisión de retirar las tropas norteamericanas del norte de Siria ha desatado fuertes críticas de senadores de su propio partido ya que deja a merced de Turquía a los combatientes kurdos, que jugaron un papel fundamental en la derrota del Estado Islámico y que ahora se ven traicionados por los Estados Unidos. Si bien esas críticas no se relacionan con el juicio político, es posible que debiliten el apoyo al presidente

--

logo econometrica

Lavalle 465, Piso 2 C1047AAI
Buenos Aires, Argentina
www.econometrica.com.ar
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Tel: (+54 11) 4322-4668