Informe Especial - Junio 2019

EEUU: dilema demócrata: justicia vs realidad


Después de más de un mes de publicado el "informe Muller" sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos de 2016, el Fiscal Especial hizo una sorpresiva aparición en televisión, anunciada con poco más de una hora de anticipación.

Como se informó en un trabajo previo el Procurador General William Barr había publicado un documento de cuatro páginas que primero anunció como el resumen del informe Muller para luego decir que no era un resumen sino sus conclusiones sobre el mismo.

Tanto en ese documento como en declaraciones posteriores del mismo Barr y del propio Trump se afirmaba que del informe surgía que no había existido colusión y que además no había existido obstrucción de justicia. Dado que esas afirmaciones no reflejaban las conclusiones del informe, Muller reaccionó con una carta donde manifestaba que la interpretación de Barr no reflejaba el contexto, la naturaleza o la sustancia del informe.

Finalmente, y después de un inquietante silencio de casi dos meses, Muller decidió dar su propia versión sobre el informe de su autoría. En una alocución de casi diez minutos, el Fiscal Especial dejó en claro, aunque en forma sobria y sin referencia a las repetidas tergiversaciones, que tanto la carta de Barr como sus posteriores declaraciones de las que se hicieron eco Trump y sus partidarios republicanos no reflejaban en modo alguno las conclusiones del informe.

En primer lugar Muller aclaro que, como señala el informe, el tema de colusión no había sido el foco de su análisis ya que si bien puede ser objetable no es un delito según el código penal. Por el contrario, el enfoque se centraba en el delito de conspiración. Y afirmó que su investigación reveló que agentes de inteligencia rusos, pertenecientes a sus fuerzas armadas, habían llevado a cabo un esfuerzo sistemático para interferir en el sistema político norteamericano, incluyendo el robo de información y su difusión con el propósito de perjudicar la campaña de Hillary Clinton.

Pero pese a que se comprobaron alrededor de 140 contactos con agentes rusos y que la investigación dio como resultado el procesamiento y, en algunos casos condena de 11 agentes rusos y varias personas vinculadas a Trump, las pruebas eran insuficiente para acusar a Trump o su campaña de conspiración. En resumen, si bien pudo haber colusión, no pudo probarse fehacientemente dicho delito como exige la ley: más allá de cualquier duda razonable (beyond reasonable doubt).

Con respecto a si hubo obstrucción de justicia, Muller aclaró que desde el primer momento su equipo tenía en claro que como parte del Departamento de Justicia estaban sujetos a la opinión legal en el sentido de que el procesamiento de un presidente en ejercicio no es permitido por la Constitución. Por lo tanto, formular cargos contra el presidente no era una opción y en base a ese principio no tratarían de establecer si el mismo cometió un crimen. Sin embargo, aclaró que la Constitución permite conducir investigaciones mientras las memorias están frescas y proteger las pruebas para posibles acciones ulteriores, cuando el mandato presidencial termina, o el enjuiciamiento de terceras personas.

A pesar de la limitación expuesta, Muller expresó que si como resultado de la investigación hubieran tenido confianza de que el presidente no cometió un crimen, lo hubieran dicho. Y también señalo que existen otros mecanismos para juzgar las acciones presidenciales, mas allá del sistema de justicia criminal, en una no muy velada alusión al juicio político (impeachment).

Las reacciones después de hecho público el informe fueron diametralmente opuestas entre los dos lados del espectro político. Por un lado, el presidente Trump, basándose en las afirmaciones del Procurador General Barr, repite hasta el cansancio "no colusión, no obstrucción", a lo cual se hacen eco los Republicanos, con excepción de un solo Representante que sostiene que Trump debe ser sometido a juicio político.

Por otro lado, los Demócratas afirman que Trump cometió serios delitos y debía ser enjuiciado si no fuera por la posición legal del Departamento de Justicia sobre el no enjuiciamiento de un presidente en ejercicio. Mientras tanto, cerca de mil fiscales en actividad o retirados, incluyendo muchos prestigiosos juristas, firmaron una declaración diciendo que excepto por el hecho de ser presidente, Trump debería ser sometido a juicio.

En lo que hace a la población en general, la mayoría no solo no leyó el informe sino que no está al tanto de su contenido, lo que da como resultado que no estén a favor del juicio político al presidente, aunque esa oposición, que aún sigue siendo mayoritaria, se ha ido debilitando al punto que ahora un 41% apoya dicho juicio.

De la lectura del informe resulta bastante claro que, ante la limitación que le imponía la opinión legal mencionada más arriba, Muller dejó las posibles acciones contra Trump en manos del Congreso mediante sus facultades constitucionales de iniciarle un juicio político.

LA DISYUNTIVA PARA LOS DEMOCRATAS

De acuerdo con la Constitución, la Cámara de Representantes debe decidir por simple mayoría si corresponde esa acción y, en caso afirmativo, acusar al presidente ante el Senado, donde se requiere una mayoría de dos tercios para remover al presidente.

Esto coloca a la mayoría Demócrata en el Congreso ante una difícil disyuntiva. En primer lugar, el juicio político generaría una profunda división en el pueblo norteamericano a menos que la opinión pública cambie sustancialmente a favor del mismo. Por otra parte, vista la actitud del líder del Senado y sus compañeros de bancada, el resultado más probable sería no encontrar culpable al presidente, lo que le permitiría proclamar su inocencia ante las elecciones de 2020 y favorecería sus chances de ser reelecto.

La estrategia de la dirigencia Demócrata en la Cámara baja, en particular su líder Nancy Pelosi, condicionada por esa realidad jurídica y política consiste, en llevar a cabo una serie de investigaciones sobre los puntos del informe Muller, incluyendo comparecencia del mismo entre otros testigos ante el Congreso.

La idea es que la presentación en vivo de los resultados del trabajo de Muller y la documentación que los respaldan daría como resultado un vuelco sustancial en la opinión pública, como sucedió con Richard Nixon, y que la fuerza de la opinión publica impulsaría el juicio político y forzaría al Senado a cambiar su posición. Y en caso que eso no ocurriera, ese proceso al menos debilitaría las posibilidades electorales de Trump quien podría ser procesado ante la justicia una vez vuelto a la condición de ciudadano común.

Un detalle importante a destacar es que si, contrario a las expectativas Demócratas, Trump resultara reelecto, la posibilidad de enjuiciarlo al final de un segundo mandato estaría negada por la prescripción, que para esos casos tiene un plazo de cinco años.

Al mismo tiempo que se concentra sobre el informe Muller, la mayoría Demócrata en la Cámara baja necesita demostrar a la población que su actividad no se limita a establecer la responsabilidad del presidente respecto a la obstrucción de justicia, sino también encarar la solución de los acuciantes problemas que afectan a la ciudadanía y fueron determinantes de la obtención de la mayoría en 2018, como el acceso a la atención médica, el costo de la misma, el costo de los medicamentos o la protección del derecho al voto y el indebido papel de las contribuciones millonarias a las campañas electorales.

En esa tarea, la Cámara dio media sanción a más de un centenar de proyectos de ley, incluyendo a principios de junio la regularización de la situación legal de los inmigrantes traídos por sus padres cuando eran todavía niños y que no conocen otro país que los Estados Unidos. Sin embargo, ninguno de esos proyectos ha sido tratado por el Senado ni encuentran el eco debido en los medios de difusión, que concentran su atención sobre el tema del posible juicio político en lo que constituye una victoria mediática para la Casa Blanca.

Otro problema Demócrata es que la estrategia de sus líderes no es compartida por la nueva camada de jóvenes legisladores electos en 2018 que reclaman la inmediata iniciación del juicio político.

El número de legisladores en esa posición ha venido creciendo lentamente y ahora se estima en 59, o sea poco más del 25% de la bancada. Su actitud ha sido exacerbada por la negativa de la Casa Blanca a proporcionar cualquier documentación requerida por el Congreso y la prohibición a los testigos citados por el Congreso de acatar la citación. Ello llevo a los líderes Demócratas a plantear ante la justicia la obstrucción del Ejecutivo al cumplimiento de sus facultades constitucionales. Pero pese al triunfo en primera instancia en los dos casos planteados hasta ahora, esos fallos serán apelados, causando demoras que esperan hagan imposible completar el juicio político.

La actitud obstruccionista de la Casa Blanca ha exacerbado la pasión de los partidarios del juicio político, cuyo número ha ido creciendo paulatinamente y, pese a ser todavía muy minoritario, está ejerciendo creciente presión sobre el liderazgo. Si esa presión obligara a Pelosi a transitar el riesgoso camino del "impeachment" es todavía muy temprano para predecir.

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