Informe Especial - Noviembre 2018

El sistema previsional Argentino en el contexto internacional

Una interesante publicación del Australian Centre for Financial Studies del Escuela de Negocios Monash, auspiciada por el gobierno de Victoria, presenta el "2017 Melbourne Mercer Global Pension Index" (Índice) que analiza y compara los sistemas de pensión de 30 países, incluyendo Argentina.

El Índice asigna puntaje a los distintos sistemas en base a tres criterios: a) Suficiencia o Cobertura (Adequacy), con una ponderación del 40%, b) Sustentabilidad, 35%; e Integridad, 25%.

En base a esos criterios, Argentina obtiene un puntaje de 38,8 con una calificación de "D" y ocupa el último lugar entre los 30 países incluidos en el estudio, por debajo de India, México, Corea, Brasil, Perú y Colombia. Si bien el análisis del sistema argentino acusa algunas falencias que se comentarán más abajo, es significativo el hecho de que el país figura último tanto en 2016 (37,7), como en 2017 (38,8).

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El primer lugar corresponde a Dinamarca con 78,9, seguida por Holanda, con 78,8 ambas con (B+). En 2017 ningún país califica para "A", que requiere una calificación por encima de 80, aunque tanto Dinamarca como Holanda (80.5 y 80.1 lo lograban en 2016.

Componentes y puntajes de los sub-índices

• El sub-índice de suficiencia considera los beneficios que proporciona a los pobres así como a las personas con ingresos en la mediana de la distribución, destacando las dificultades de una desagregación mayor. También incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, señalando que ambos factores constituyen una fuente importante de seguridad financiera además del sistema de jubilaciones.

Una importante consideración de este sub-índice es el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario promedio, así como el mecanismo de ajuste a través del tiempo.

El puntaje de Argentina en este sub-índice es el quinto más bajo (42,4), superando solo a Singapur (34,0) México (38,5), India (39,5), y Malasia (42,3), mientras Holanda e Irlanda lideran en esta dimensión con 78,0 y 77,9 respectivamente.

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• El sub-índice de sustentabilidad evalúa, factores como la importancia económica y nivel de financiamiento del sistema privado, la longitud actual como futura del periodo de retiro, la proporción de personas de edad avanzada en la fuerza de trabajo, el nivel de deuda pública y la tasa de crecimiento económico.

Es interesante que el informe asigna los puntajes más bajos de este sub-índice a Italia (16,4) y Austria (19,9), seguidos por Argentina (33,1).

El informe destaca la tensión natural entre la suficiencia y la sustentabilidad de un sistema, dado que si provee muy generosos beneficios es poco probable que sea sustentable a través del tiempo, e inversamente, un sistema sustentable podría estar proveyendo beneficios modestos.

• Finalmente, el sub-índice de Integridad pone el énfasis en los planes privados, afirmando que la existencia de planes exitosos y bien manejados del sector privado, es un esencial componente de un sistema bien administrado que goza de la confianza de la comunidad en el tiempo. En opinión de los autores, el monopolio estatal no produce resultados deseables o sostenibles a largo plazo.

Esta sub-índice es liderado por Noruega (90,3), seguida por Australia (85,7), mientras Argentina ocupa el penúltimo lugar con 41,2 superando sólo a México, cuyo score es de 40,5.

Análisis y Recomendaciones del Estudio para Argentina

A pesar de que la publicación se refiere al año 2017, aparentemente el análisis respecto a la Argentina no fue actualizado. En primer lugar, describe el contexto como la concurrencia del sistema público con un plan de jubilaciones individuales y dedica la mayoría de las recomendaciones a este último.

Tales recomendaciones incluyen el incremento de la cobertura mediante el enrolamiento automático por parte de los empleadores, la adopción de incentivos tributarios para alentar las contribuciones voluntarias, introducción de un nivel mínimo de contribuciones en fondos de ahorro para el retiro y la mejora de los requerimientos regulatorios. Estas recomendaciones sugieren que el informe no tuvo en cuenta la eliminación de las AFJP.

También se aconseja el incremento de las jubilaciones mínimas para los más pobres y aumentar el nivel de ahorro familiar. Pero no se hace mención de los recientes aumentos en los haberes de los jubilados ni del incremento de cerca de 4 millones de nuevos beneficiarios sin que hubieran efectuado los correspondientes aportes, mejorando así la cobertura, pero afectando aún más la sustentabilidad del sistema.

A un nivel más general, el Resumen Ejecutivo sugiere un conjunto de reformas para mejorar el resultado a largo plazo de los sistemas. Estas reformas incluyen:

• Incrementar la edad de retiro en los sistemas estatales para reflejar el aumento en las expectativas de supervivencia;

• Promover mayor participación de personas de mayor edad en la fuerza de trabajo;

• Alentar o requerir mayores niveles de ahorro privado, tanto dentro como fuera del sistema jubilatorio;

• Revisar el mecanismo y frecuencia de indexación del sistema público para asegurar el mantenimiento del valor real de las prestaciones, en equilibro con la sustentabilidad.

Consideraciones Finales

Sin perjuicio de aplaudir algunas de las reformas sugeridas, ante la posible revisión del sistema previsional argentino entre el Gobierno Nacional y el FMI, parece oportuno un examen crítico de las recomendaciones generales en lo que atañe al incremento de la edad jubilatoria y a la privatización del sistema Argentino, reiterando conceptos vertidos en trabajos anteriores .

Proponer el aumento de la edad jubilatoria, por ejemplo a 69 años, significa que una persona que aporta desde los 20, es decir 49 años, dispone de 16 para disfrutar de los beneficios si vive hasta los 85, o 21 si llega a los 90. Y ese disfrute ocurre cuando su salud y energía están en disminución.

Y desde el punto de vista de la justicia, con el nivel actual de contribuciones, un trabajador genera en 45 años de vida activa (20 a 65) fondos suficientes que si fueran invertidos al 1% de rendimiento real anual alcanzarían para pagar un beneficio igual al 82% de su salario en actividad hasta alcanzar los 85 años de edad.

Aun extendiendo su supervivencia hasta los 90, habría los fondos alcanzarían para solventar un beneficio igual al 67% de salario. A esos resultados financieros hay que agregar el serio problema de empleo que enfrentaría una persona al necesitar trabajar en el ocaso de su vida, agudizado por la cambiante tecnología de la época. En resumen, tal medida significaría una forzada transferencia inter-generacional, privando a los actuales trabajadores activos de beneficios ganados con holgura, a favor de la actual clase pasiva.

En cuanto a la privatización, tratar los fondos de retiro como meros instrumentos financieros sujetos a las reglas del mercado significa ignorar sus efectos negativos.

Dejando de lado los problemas que la mala implementación produjo en Argentina, el sistema privado es probadamente discriminatorio contra los sectores de menores ingresos. Eso se debe en primer lugar al costo fijo de administrar una cuenta individual de inversiones, que reduce sustancialmente el importe a invertir, como quedó demostrado en Chile al implementar el sistema privado. Además, las administradoras dedican sus esfuerzos de "marketing" a los segmentos con mayor poder adquisitivo, con lo que el grupo de bajos ingresos debe utilizar los servicios de administradoras de menor nivel y más baja calificación.

Pero tanto o más importante es que el sistema privado destruye el concepto de Seguridad Social que debiera caracterizar a un sistema previsional, reemplazándolo por un proceso de ahorro que además deja al trabajador sujeto a los avatares del mercado, perdiendo los beneficios de la mancomunación (pooling) de riesgos que suaviza los efectos de la volatilidad de los mercados en las cuentas individuales.

Si bien el sistema de las AFJP fracaso en la forma en que fue implementado en Argentina, un sistema privado puede ser beneficioso en coexistencia y como complemento del sistema púbico, permitiendo a los individuos con mayores ingresos que, sin disminuir sus aportes al sistema oficial, destinen parte de sus haberes a la formación de fondos privados, con diferimiento impositivo, tal como ocurre con los exitosos K en los Estado Unidos.

En nuestro país esto podría autorizarse a cambio de algún sacrificio financiero en beneficio del sistema oficial, como una contribución adicional al mismo de, por ejemplo $0,25 por cada peso aportado a su cuenta privada, o una disminución de sus beneficios del sistema estatal.

Y dentro de las medidas que contribuirían de modo importante a mejorar las perspectivas del sistema está la regularización de aproximadamente un tercio de los trabajadores que operan al margen del mismo, reduciendo el potencial caudal de recursos y creando un enorme problema social cuando esos trabajadores alcancen la edad de retiro.

En el caso particular de Argentina y su lamentable último puesto en la comparación entre 30 países, la situación se agravó significativamente durante los últimos años por medidas que condujeron a un fuerte incremento del gasto público del Gobierno Nacional, que pasó del 15% al 26% del PBI, con un sistema previsional cuyo déficit se elevó de 1,5% a 4,7% del PBI, en un contexto de altos índices de pobreza.

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La masiva incorporación de millones de nuevos beneficiarios, hecha en forma irresponsable, sin arbitrar los medios para financiarla ni límites sobre el ingreso o patrimonio de esas personas ha ahondado aún más una situación que ya era crítica y que lleva, como es habitual, a desenterrar los tradicionales "remedios" comentados más arriba, que no sólo son inadecuados sino que sin duda generarían una fuerte reacción social de quienes ya están sufriendo las consecuencias de la corrección de los fuertes desequilibrios de la economía.

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