La Seguridad Social es quizás el problema macroeconómico más acuciante en el mediano y largo plazo en la Argentina. Según la última información disponible, los aportantes al sistema previsional administrado por ANSES sumaban 12,7 millones de personas, o un 52% de la población económicamente activa. Mientras aproximadamente 8 millones de trabajadores se desempeñaban en actividades informales y por lo tanto no efectuaban aportes. Es decir, sólo aportaba al sistema el 52% de la población económicamente activa.

Por su parte, los beneficiarios del sistema previsional que administra ANSES actualmente suman 6,8 millones de personas entre jubilados y pensionados, o sea que hay sólo dos aportantes por cada beneficiario, por lo que ANSES sólo cubre el 60% de los beneficios que paga, generando un déficit de 3% del PBI.

Al depender de rentas generales, el pago de beneficios tiene que competir con otras demandas de esos fondos, resultando, por ejemplo, en la caída de un 11,2% en términos reales desde diciembre de 2019.

Un factor importante del déficit de recaudación es la elevada cantidad de trabajadores informales, con un 38% de trabajadores no cubiertos en el régimen previsional, lo que constituye una bomba de tiempo para cuando esas personas entren a la clase pasiva.

En realidad, la precaria situación financiera del sistema no es un problema nuevo, sino el resultado de muchos años de dilapidación de sus recursos. A principios de 2015 ya la situación era suficientemente seria por lo que califique la deficiencia de financiamiento como “agujero negro”. Pero desde 2006, con varias moratorias, se incorporaron al sistema millones de beneficiarios que no habían completado los aportes mínimos requeridos, tanto así que dos tercios de los actuales receptores de beneficios los obtuvieron a través de moratorias.

Si bien esas medidas cumplían un loable objetivo social, y llevaron la cobertura a más del 90% de la población en edad teórica pasiva, su implementación sin contemplar el nivel de ingresos ni la situación patrimonial de los nuevos beneficiarios, y sin haber asignado los recursos para su financiamiento, generaron un mayor agravamiento de las finanzas del sistema.

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La tasa de inflación no detiene su escalada, habiendo alcanzado en julio un 7,4% mensual no se espera un dato significativamente menor para agosto, y menos aún para septiembre con el impacto del necesario aunque insuficiente ajuste tarifario de los servicios energéticos.

El Gobierno Nacional pone así todo el peso del ajuste de las cuentas públicas sobre el sector privado mientras, sin margen para aumentar impuestos a través del Congreso, sigue recaudando el impuesto inflacionario de los flacos bolsillos de los contribuyentes.

La Inflación es un impuesto sin legislación
Esta precisa analogía que debemos a Milton Friedman, nos señala que la inflación es algo que le sucede a la moneda y no a los precios. Los bienes y servicios se ven encarecidos en forma relativa frente a una moneda que se desvaloriza ante un Estado que emite para financiar sus gastos. De esta manera, el Gobierno carga sobre los contribuyentes el pago del impuesto inflacionario, al igual que lo hace con cualquier otro tributo. Este impuesto inflacionario lo recauda por dos vías diferentes:

En primer lugar a través de la emisión monetaria, la creación de nueva moneda que le permite solventar el exceso de gasto público que no es capaz de cubrir mediante las otras fuentes de financiamiento como son, los impuestos efectivamente legislados, la emisión de nueva deuda y la venta de activos.

El Estado se beneficia así transfiriendo poder adquisitivo desde los bolsillos de los ciudadanos hacia sus propias arcas. El dinero que el Estado imprime para financiar su gasto, más pronto que tarde desvaloriza el dinero que las familias mantienen en su poder.

Desde el inicio del Gobierno de Alberto Fernández, se emitió casi 12% del PBI para financiar al Tesoro, frente a una base monetaria de 5,5% del PBI. A precios de hoy, el Gobierno emitió $9,3 billones para financiar el déficit fiscal de los últimos dos años y medio, frente a una base monetaria de $4,4 billones. Toda esta emisión monetaria no demoró en acelerar la inflación y el FMI exigió que se limite el financiamiento monetario a un máximo a 1% del PBI este año. Hasta septiembre acumula 0,8% del PBI.

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