Informe Macro - Septiembre 2016

Las elecciones en el 2017 serán para el Gobierno un escollo o una gran oportunidad?

Desde el restablecimiento de la democracia en 1983 los sucesivos gobiernos han tenido que vencer serios escollos para ratificar su liderazgo en las elecciones legislativas que tienen lugar dos años después de haber triunfado en las elecciones presidenciales.

Alfonsín heredó una inflación del 433% anual y en su segundo año de gobierno seguía sin reducirla. Recién cuatro meses antes de las elecciones legislativas de 1985 presentó el Plan Austral que le aseguró el triunfo electoral y un reforzado poder político.

Menem heredó la hiperinflación y pocos meses de asumir volvió a caer en una nueva hiperinflación. Recién cinco meses antes (abril de 1991) de las elecciones planteó la convertibilidad que le aseguró el triunfo electoral.

Alfonsín y Menem en su primer gobierno son dos ejemplos de decisiones audaces tomadas en momentos críticos y muy sobre la hora que les permitieron triunfar en las elecciones del segundo año y reforzar su autoridad política.

Macri inicia su gestión de gobierno con un débil liderazgo político debido a que llega a la Presidencia luego de ser derrotado en la primera vuelta electoral, a que no controla ninguna de las dos cámaras del Congreso Nacional y a que tiene una estructura política territorial muy débil. A todo ello se suma la pesada herencia económica.

Los primeros meses del 2016 tuvieron como objetivo salir del cepo cambiario y terminar con el default de la deuda. La devaluación y las tarifas aumentaron la inflación por arriba del 42% anual y provocaron recesión.

La estrategia fiscal en esa primera etapa trató de compensar la disminución de los recursos impositivos asociada con menores retenciones a las exportaciones y del impuesto a las ganancias con una disminución del gasto público en subsidios y transferencias del Tesoro a las provincias.

Estas decisiones conducirán en el 2016 a un déficit fiscal (incluyendo intereses de la deuda pública) igual o levemente superior al del 2015, esto es, 6% del PBI. Solo ha cambiado entre uno y otro año el financiamiento del déficit. En 2015 la totalidad del déficit se financió con emisión monetaria y en 2016 ese financiamiento se reduce al 30%. En otros términos, suponemos de los 6 puntos de déficit, 4% del PBI se financian con deuda pública externa y 2% con emisión monetaria del Banco Central.

Para el 2017 proyectamos que se mantiene el mismo déficit del 6% bajo el supuesto de que el blanqueo permitirá recaudar impositivamente cerca del 1% del PBI, neutralizado por el aumento del gasto en jubilaciones.

En 2016 el gobierno nacional se endeudó en el exterior en 20.000 millones de dólares y 12.000 millones fueron para cancelar la deuda que tenía con los fondos buitres y con los atrasos. Los USD 8.000 millones restantes son utilizados para financiar el déficit fiscal. A su vez, los gobiernos provinciales también se endeudaron en otros 6.000 millones.

La deuda externa del gobierno con el sector privado y con organismos internacionales a fines del 2001 llegaba al 54% del PBI y se redujo a comienzos del 2016 al 19%. No se incluye la deuda con el ANSES, Banco Central y Banco Nación porque son refinanciables. En el 2016 la deuda externa para financiar el déficit fiscal aumentaría en 10.000 millones de dólares, es decir 2% del PBI y llevaría el endeudamiento externo al 21% del PBI. A fines del 2017 se estima una deuda externa al 24% del PBI.

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Estas son cifras de deuda externa muy manejables. La histórica restricción externa al crecimiento económico de las décadas del 60 al 90 pierde gravitación cuando el gobierno cuenta, como está ocurriendo en el 2016, con acceso al mercado financiero internacional.

El nuevo keynesianismo está ganando espacio con la crisis financiera internacional en el 2007/08 y con el respaldo que le significan los recientes replanteos doctrinarios del FMI sobre déficit fiscal, inflación y crecimiento.

Los resultados de las recientes experiencias de ajustes fiscales en España, Portugal, Irlanda y Grecia para bajar la deuda pública terminaron en quitas de deuda para evitar que aumente el coeficiente de deuda. Los cambios políticos que provocaron las políticas de ajuste europeo facilitaron el crecimiento electoral de ideas extremistas. La campaña electoral en Estados Unidos asoció a Wall Street con el aumento en la desigualdad social.

Todos ellos son factores que están cuestionando la tesis que por temor a la inflación es impostergable alcanzar el equilibrio fiscal. Argumento en contradicción con la posición del nuevo keynesianismo de que en una economía en recesión la prioridad pasa por la reactivación económica. Como sugieren Krugman, Blanchard y otros para Estados Unidos aprovechemos que la tasa de interés es real negativa para endeudarnos y mejorar el crecimiento y el empleo.

La estrategia del gobierno para mejorar sus perspectivas electorales en el 2017 descansa en dos objetivos: bajar la inflación y reactivar la economía.

En el último trimestre del 2016 la inflación disminuirá al 1,5% mensual como resultado de la recesión económica y de que el dólar se mantiene estable en torno a $15 pesos. A fines del 2016 el tipo de cambio real multilateral será superior al promedio del 2015 pero inferior al pico posterior a la salida de la convertibilidad.

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El riesgo del atraso cambiario es que se anticipen las decisiones cambiarias con la expectativa de que lo que no se hizo antes de las elecciones será difícil sostenerlo después. Puede contribuir a contrarrestarlas el acceso del gobierno al financiamiento internacional.

El otro objetivo del gobierno es pasar de una recesión del 2% en el 2016 a un crecimiento cercano al 6.0% anual en los meses previos a las elecciones del 2017 sin acelerar la inflación. La estrategia de reactivación no se va a centrar en estimular la inversión sino el consumo.

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Es cierto que es una visión cortoplacista y que posterga para 2018 inevitables ajustes en el área fiscal y cambiaria. La tesis del gobierno es que si los resultados electorales son favorables estos ajustes contarán en ese entonces con mayores respaldos políticos que con los que cuenta en la actualidad.

El estímulo al consumo está asociado con aumentos en el salario real y el plan de reparación a los jubilados. Como las negociaciones salariales se basan en la inflación pasada cuando la inflación se acelera cae el salario real. La aceleración inflacionaria en el 2016 al 42% provocó una caída del salario real del 10% que fue el principal factor recesivo. Por el contrario, cuando se desacelera inflación el aumento salarial basado en la inflación de los meses previos aumenta el salario real. En el 2017 la inflación caería al 22% y el aumento del salario real sería del 5%.

Las marchas y contramarchas en las tarifas de gas y luz, la recesión y el desempleo, las dificultades para un acuerdo político con la oposición y con los sindicatos están oscureciendo las perspectivas electorales del gobierno.

La reactivación, la desaceleración de la inflación y un blanqueo que sea visto como un tsunami económico pueden contribuir a crear un clima de credibilidad económica y mejorar las perspectivas electorales. Los operadores económicos estiman que para que ello ocurra los activos a blanquear deberían superar los 50.000 millones de dólares. Esperemos que el tsunami no se transforme en una lluvia pasajera.

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