Informe Especial - Enero 2016

La herencia K y pobreza cero

Argentina vive un momento histórico con la asunción del nuevo presidente, que inaugura un periodo pleno de oportunidades y plagado de enormes desafíos.

El presente trabajo se centra en los problemas que presenta la inevitable corrección económica, aunque ello no implica desconocer los enormes desafíos institucionales, como la inseguridad, la politización de la justicia, la impunidad, el deterioro del sistema educativo, la manipulación de las estadísticas y, sobre todo, el daño a la trama misma de la sociedad,

con poco respeto a las normas mínimas de convivencia y profundas divisiones e intolerancia hacia los que no piensan igual.

Sin duda, el gobierno de Mauricio Macri recibe una economía en estado calamitoso, con estancamiento productivo, inflación reprimida, enorme déficit fiscal, aislamiento internacional, y un bajísimo nivel de reservas en el Banco Central.

Todo parece indicar que la política económica del nuevo gobierno volverá a basarse en sanos principios económicos, después de años de soberbia en los que se pretendió ignorar las fuerzas de los mercados y gobernarlos por decreto. Ese saludable retorno a principios racionales, entraña sin embargo el peligro de llevar el péndulo al otro extremo y confiar excesivamente en los mercados para la solución de los problemas económicos. Si bien los anuncios de las nuevas autoridades sugieren un enfoque balanceado, no está de más advertir sobre ese peligro.

Una consecuencia de la inevitable corrección económica y financiera será la generación de costos económicos y sociales durante el periodo de adaptación a las nuevas condiciones. El nuevo Gobierno ha anunciado una encomiable política de "pobreza cero" como objetivo de mediano plazo, pero por el momento es necesario minimizar el impacto de las correcciones sobre las clases más necesitadas.

TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Entre las serias distorsiones que afectan la situación económica, las tarifas energéticas y de transporte público ocupan un lugar preponderante. Se sostienen precios totalmente divorciados de los costos de producción, compensando las pérdidas de los oferentes de esos servicios con enormes subsidios que tienen un significativo impacto en el déficit fiscal. Según un estudio del Cippec, los subsidios energéticos ascienden al 3.3% del PBI y los del transporte 1.2%.

Además del impacto negativo sobre las finanzas públicas, los subsidios no cumplen un objetivo social ya que son fuertemente regresivos: según la estimación del Cippec, el 32% de los subsidios benefician a los dos deciles de mayores ingresos, en tanto que los dos deciles de menos ingresos reciben apenas el 13%.

Es imperativo corregir esas fuertes distorsiones con tarifas que induzcan a un uso racional de los recursos. Entre los aspectos a tener en cuenta están, por un lado, los poderes monopólicos de los proveedores de servicios energéticos, que requieren una cuidadosa supervisión de las escalas tarifarias y de la calidad del servicio prestado.

Por otro lado, si bien las tarifas deben guardar relación con los costos de producción, es necesario implementar políticas que estimulen la producción eficiente de esos servicios, evitando que la seguridad de cubrir los costos genere una actitud complaciente en cuanto a control de costos.

Finalmente, es posible y deseable estructurar tarifas que favorezcan un uso mínimo compatible con los estándares socialmente deseables y penalicen los consumos excesivos, sobre todo en horas de pico de demanda. La aplicación de sanos principios económicos no es incompatible con el logro de objetivos sociales.

La reducción y finalmente la eliminación de los subsidio plantea un conflicto de objetivos políticos y sociales que es frecuente encontrar en la toma de decisiones de gobierno. Por un lado, la adopción de tarifas económicamente racionales acabando con los distorsionantes subsidios constituye un obvio mecanismo para atacar el abultado déficit fiscal que debe encararse tan pronto como sea posible.

Por otra parte, eliminar los subsidios a quienes menos los necesitan brinda una fuente de recursos que podrían canalizarse hacia los más necesitados para atenuar el impacto de la corrección económica en el corto plazo, sin incrementar el déficit fiscal, aunque manteniéndolo por unos meses. La nueva administración ya se ha enfrentado con ese tipo de "trade off" al reducir y eliminar retenciones al campo, optando por reactivar el sector externo mediante el sacrificio de ingresos fiscales.

Una disyuntiva similar de conflicto de objetivos se presenta cada que vez que es necesario corregir políticas cambiarias, caso en que se restablece el equilibrio externo a expensas de generar inflación y costos sociales en el frente interno.

El conflicto de objetivos que se enfrenta en la presente coyuntura será el tema de la última sección de este trabajo.

TIPO DE CAMBIO

Un buen número de respetables economistas perciben la corrección cambiaria como un mecanismo de reducción del salario real en dólares, mejorando así la competitividad de la economía. Otra forma de ver es considerar el tipo de cambio como el más importante de los precios relativos, que determina la relación entre producción nacional y externa. Y un efecto colateral es la frecuente caída del salario real en pesos cuando ocurren las correcciones cambiarias. Con esa perspectiva, proteger el salario real de los efectos de la corrección no es incompatible con la mejora de la posición competitiva, sobre todo teniendo en cuenta que los salarios son solo una parte, muchas veces minoritaria, de los costos productivos.

En la presente coyuntura, aun antes de la liberación cambiaria se produjo una fuerte escalada de precios internos, lo que requiere medidas para proteger el poder adquisitivo del salario o mitigar el impacto sobre los trabajadores. El nuevo Gobierno se propone retrotraer los precios a su nivel de noviembre, pero no queda claro que cuente con la información y los instrumentos para lograrlo.

El mecanismo elegido por las nuevas autoridades para proteger a las clases menos favorecidas es la celebración de pactos sociales entre empresas, trabajadores y gobierno. Si bien es deseable que ese mecanismo funcione, la experiencia sugiere que los efectos de tales acuerdos no perduran en el tiempo. Pareciera más efectivo atenuar el impacto inicial de la corrección con una asignación en efectivo a las clases de menores ingresos.

POBREZA CERO Y DEFICIT PRESUPUESTARIO

El nuevo gobierno se ha propuesto un ambicioso y loable objetivo de eliminar la pobreza. Por otra parte, es evidente que los intentos de mitigar el impacto de las correcciones sobre las familias de menores ingresos mediante asignaciones en efectivo tendrían un efecto negativo sobre las finanzas públicas y harían más difícil la reducción de la inflación en el corto plazo. Pese a ello, permitir que los más desprotegidos afronten los costos del ajuste sin ayuda oficial, estaría en conflicto con el objetivo "pobreza cero".

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En un trabajo previo se sugirió una idea que permitiría aliviar económicamente a los más humildes sin aumentar el déficit presupuestario, sino simplemente re-direccionando el gasto público en el corto plazo, al destinar parte de los actuales subsidios a una especie de aguinaldo extra financiado por el Gobierno Nacional.

Aun basado en las cuestionables cifras presupuestarias, destinar la mitad de los subsidios energéticos a ese fin, por una sola vez, permitiría poner $6.700 en los bolsillos de diez millones de pobres, una cifra algo mayor que el salario medio. Obviamente, eso requeriría financiación de corto plazo y postergaría por unos meses la reducción del déficit fiscal resultante de la eliminación o reducción de los subsidios. Además, de por si no compensaría la potencial caída del salario real, pero al menos mitigaría sus efectos en el corto plazo, hasta tanto la economía se ajuste a los nuevos precios relativos.

Evitar que las familias de menores ingresos sufran las consecuencias del ajuste no solo es lo correcto desde el punto de vista social, sino que además evitaría un estallido social y contribuiría a generar en esas familias la confianza en que el gobierno entiende sus problemas. También es probable que el poner más recursos en los bolsillos de quienes tienen una alta propensión al consumo ayude a evitar una retracción en la demanda ayudando así a la reactivación de la economía.

Finalmente, sería deseable que el presente trabajo genere una discusión sobre el problema y de lugar a propuestas constructivas para resolverlo mediante paliativos tanto o más efectivos que la idea precedente.

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