Informe Especial - Enero 2015

Fondos Jubilatorios: Déficit estructural o Agujero negro

Existe una opinión generalizada de que el sistema jubilatorio es una bomba de tiempo debido a que según cifras del Ministerio de Trabajo en el segundo trimestre de 2014 habían solo 1.72 trabajadores en actividad por cada jubilado (9.4 millones contra 5.5 millones), mientras algunas fuentes privadas estimaban una relación aún más baja. Esa proporción se redujo aún más con la reciente moratoria previsional, en la que personas que no han efectuado aportes o que de alguna manera no cumplen con los requisitos normales pueden acceder a los beneficios.

El propósito de este trabajo es analizar si el énfasis en la proporción de trabajadores activos sobre el número de jubilados constituye un enfoque equivocado, que lleva a la conclusión de que el país se encuentra ante un insoluble problema estructural que conducirá inexorablemente a la insolvencia del sistema, a menos que se incremente la edad para acceder a los beneficios o se reduzca significativamente el importe de los mismos. La hipótesis alternativa es que el sistema podría auto financiarse indefinidamente si se resolviera de alguna manera el "agujero negro" generado durante la historia del sistema.

EL AGUJERO NEGRO

Es innegable que los aportes de los relativamente pocos trabajadores activos no resultan suficientes para financiar las jubilaciones de los actuales beneficiarios. Esto sucede no sólo en Argentina: en los Estados Unidos hay serias preocupaciones por que debido al envejecimiento de la población hay 2.8 trabajadores por cada jubilado (163 millones contra 53 millones) y se debe recurrir en forma creciente a las reservas del sistema para financiar los beneficios actuales. En nuestro país, aun con un 26% de aportes se necesitan casi cuatro aportantes por cada jubilado o pensionado. Por tal motivo el déficit de caja del sistema previsional si se financia solo con las contribuciones de los aportantes asciende al 1.2% del PBI.

En 2013 las contribuciones a la seguridad social sumaron casi 230.000 millones de pesos, mientras las prestaciones excedieron los 270.000 millones. Esa enorme brecha entre los recursos disponibles y las obligaciones tanto presentes como futuras ha sido consecuencia de la repetida dilapidación de los fondos jubilatorios destinándolos a financiar otros gastos públicos (especialmente Perón, Cavallo). También la inversión en títulos públicos de bajo rendimiento que en, la década del 90, eran de pago imposible y resultaron en el canje con quita. Por último, las recientes moratorias tendientes a permitir la incorporación al sistema de personas que no han aportado lo suficiente para financiar su retiro, si bien cumplen una loable función social, no fueron acompañadas de una seria consideración de las fuentes de financiamiento de esos beneficios para mitigar su impacto sobre el déficit presupuestario. Como resultado de todo lo anterior, más del 80% de la clase pasiva percibe la jubilación mínima, por debajo del nivel de pobreza.

Cabe aclarar que la mención de las moratorias previsionales tiene como único objetivo señalar sus efectos sobre la estabilidad financiera del sistema. De ninguna manera implica desconocer sus indudables beneficios para las clases más desprotegidas ni juzgar los argumentos de que fueron elitistas y favorecieron principalmente a quienes no lo necesitaban. Esa discusión está fuera de los límites del presente trabajo aunque un análisis desapasionado sería muy importante para extraer lecciones valiosas para enfrentar el problema de los millones de trabajadores marginales, carentes de la mínima protección, cuando alcancen la edad de retiro.

La compleja situación financiera del sistema crea una potencial bomba de tiempo que creará serios problemas para el gobierno que surja de las próximas elecciones cualquiera sea su signo político y, tarde o temprano, habrá que tomar serias medidas para evitar que dicha bomba se torne aún más difícil de desactivar y evitar que produzca un estallido social.

Una vez más, ese problema no es privativo del sistema argentino: Estados Unidos enfrenta una situación similar, aunque menos grave, ya que recién en 2020 el costo del programa excederá sus ingresos, y en 2033 se habrán agotado las reservas del Sistema. También allí las dificultades financieras provienen del origen del sistema, cuando se presentaron las contribuciones como un impuesto y se otorgaron beneficios a trabajadores que nunca habían aportado, como medida fiscal para ayudar a salir de la Gran Recesión.

La corrupción y fracaso del sistema privatizado en Argentina, y las serias deficiencias de los de Chile y México indican claramente que si existe una solución, no pasa por insistir con la privatización, aunque esa discusión será motivo de un futuro análisis.

LA BASE ESTRUCTURAL

Un factor a favor de la posible estabilidad de nuestro sistema jubilatorio es que si el trabajador promedio empieza su actividad a los 20 años de edad y se jubila a los 65, sus aportes abarcan un periodo de 45 años durante los cuales esos aportes, propiamente invertidos, generan intereses. Por otra parte, suponiendo una supervivencia promedio de 85 años, los beneficios se perciben por solo 20 años, y dado que los mismos se desembolsan mensualmente, el capital acumulado continúa produciendo rendimientos financieros.

Claramente, la estructura del sistema argentino ofrece posibilidades mejores que las de otros países, pero requiere acciones drásticas para desactivar la bomba de tiempo. Si bien no es imposible resolver el serio problema del "agujero negro", las condiciones políticas actuales e históricas indican que se necesitaría un cambio fundamental y enfrentar el desafío como un proyecto nacional, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y un horizonte temporal de varias décadas. Lamentablemente, si no se adoptan medidas urgentes la situación tenderá a agravarse y la clase pasiva pagara el costo de la inacción.

Como dato positivo, los siguientes cálculos indicarían que si fuera posible apartar la totalidad de los fondos que aporta cada trabajador actual así como los que se incorporen a la fuerza laboral en el futuro e invertirlos adecuadamente, se acumularían fondos suficientes para proveer a todos ellos una holgada jubilación. Baste con decir que en las condiciones actuales se requeriría invertir durante 30 años el 100% de las contribuciones de un trabajador y su empleador para financiar una jubilación del 82% de su remuneración.

Si se toma como ejemplo un aporte mensual de $1.000, y su inversión a un modesto 3% real por año, el monto acumulado al cabo de sus 45 años de trabajo alcanza la increíble cifra de $1.140.000. Ese monto permite financiar un pago mensual de $ 6.324 por los siguientes 20 años. De manera que un trabajador que aporta durante toda su vida laboral genera suficientes fondos para financiar un pago mensual igual a 1,64 veces el salario percibido mientras trabajaba.

Es oportuno señalar una interesante coincidencia numérica: esa corriente de pagos mensuales equivale exactamente a dos veces el 82% móvil tantas veces prometido a los trabajadores. En una palabra, ¡cada trabajador en actividad puede generar fondos suficiente para jubilar a dos personas con el 82% móvil!

Aun si la tasa de rendimiento fuera de un 2% real, los fondos acumulados permitirían una jubilación de más del 100% del salario y un 1% de rendimiento permitiría financiar el 82% de las remuneraciones. (Para el objetivo de este trabajo se estimó suficiente suponer un salario constante en términos reales. Adoptar supuestos alternativos significaría entraren ejercicios matemáticos que desviarían la atención de la hipótesis principal, y si bien modificaría las conclusiones respecto a la relación entre prestaciones y salarios, no invalidaría el argumento principal).

Existe también la creencia generalizada de que los adelantos en la medicina preventiva y curativa han creado un problema adicional al incrementar la supervivencia esperada. Sin embargo, la sensibilidad de los resultados al aumento de la edad esperada es menos significativa que lo que podría esperarse: bajo los mismos supuestos de ejercicio anterior, si la supervivencia promedio aumentara en cinco años, es decir hasta los 90, el pago mensual resultante sería aun de $5.406. Esta baja sensibilidad mitiga el problema de las jubilaciones femeninas a edad más temprana y las pensiones al cónyuge superviviente.

En cambio, los resultados son mucho más sensibles a la tasa de rendimiento de los fondos: si el retorno a la inversión fuera del 4% en lugar del 3% anteriormente supuesto, el total acumulado al cabo de 45 años sería de $1.509.296, produciendo un pago mensual de $9.147 por 20 años.

Desde el punto de vista financiero, el sistema argentino tiene una enorme ventaja sobre los de otros países, dado que los aportes legales son del 26% de los salarios, mientras en Chile son solo del 10%, a cargo del trabajador, y en el sistema de Seguridad Social (Social Security) de los Estados Unidos suman el 12,4% entre los aportes laborales y patronales.

Por otra parte, el sistema de los Estados Unidos tiene el agravante de que las remuneraciones por encima de 118.500 dólares no tributan al mismo. Obviamente, ese país podría mitigar sensiblemente el problema de financiar el sistema de Seguridad Social suprimiendo, o al menos incrementando dicho límite en forma significativa. Las dificultades de implementar tal cambio ponen de manifiesto las limitaciones políticas de enfrentar la crisis jubilatoria aun en países desarrollados.

EL GRAN DESAFIO

En resumen, en nuestro país, un sistema público donde los aportes se protejan, alejándolos de los vaivenes presupuestarios y se inviertan adecuadamente podría asegurar jubilaciones que permitieran vivir adecuadamente al final de la vida laboral. Pero ello requiere como pre-condición atacar la inminente crisis financiera y emprender un serio programa de largo plazo.

Una enumeración de los posibles elementos necesarios para desactivar la mencionada bomba de tiempo pone en evidencia las dificultades que eso entraña,

1. Maximizar el rendimiento de los fondos, procurando una rentabilidadreal mínima del 3% anual. Por supuesto, si se lograra aumentar ese rendimiento a un 4%, por ejemplo, se observarían progresos en mucho menor plazo. Lamentablemente, no existen suficientes oportunidades de inversión en el país para absorber los fondos del sistema. Sería entonces necesario desafiar las limitaciones tradicionales respecto a las inversiones aceptables, aceptando alternativas como bonos corporativos internacionales con calificación AAA, cuya ínfima probabilidad de "default" podría neutralizarse mediante "crédito default swaps" (el vendedor del swap se hace cargo del riesgo de falencia del deudor). Obviamente, esa exportación de capitales presentaría serios problemas políticos y de balanza de pagos, a menos que la suscripción de bonos sea condicionada a la inversión de los fondos en el país, con garantía de las casas matrices del exterior. Una alternativa interesante sería resucitar el concepto de las cedulas hipotecarias que, prudentemente administradas, además de aumentar el retorno de la inversión crearían una fuente de crédito para la vivienda.

2. La universalidad es una condición esencial para el buen funcionamiento del sistema previsional, donde todos los participantes activos en el mercado laboral, tanto empleados como empleadores, efectúen los aportes correspondientes. Esa condición no se cumple para más del 30% de los trabajadores que actúan en una economía marginal (32.8% según el Ministerio de Trabajo), lo que afecta la viabilidad financiera del programa cuando esos trabajadores alcanzan la edad jubilatoria, ya que no es moralmente aceptable dejarlos desprotegidos por no haber efectuado los aportes correspondientes. Por otra parte, el trabajo marginal constituye una inaceptable aberración social y desde el punto de vista económico una pérdida de recursos potencialmente valiosos: la energía humana desperdiciada no es acumulable para uso futuro. En consecuencia, tanto desde el punto de vista previsional como económico y social, es preciso reducir paulatinamente el problema del trabajo marginal mediante programas de capacitación laboral, incentivos al empleo y mano dura para empleadores que mantengan trabajadores al margen del sistema. Afortunadamente en un periodo de transición los aportes de 1.4 trabajadores acumularían fondos para cubrir el retiro del 30% no aportante.

3. Financiar con rentas generales parte de las prestaciones durante la transición. Si eso no fuera posible desde el punto de vista fiscal, se extendería el plazo de la transición en la medida que los aportes durante ese periodo se destinaran al financiamiento parcial del sistema. Por ejemplo, destinar un 20% de las contribuciones a la reconstitución del fondo y el 80% a financiar beneficios actuales, se agregarían al déficit alrededor de 1,4 puntos del PBI, que podrían financiarse con eliminación de subsidios.

4. Aplicar una reducción progresiva de las prestaciones para individuos cuyos ingresos o patrimonios superen ciertos parámetros, compensándolos con la posibilidad de diferir impuestos por parte de sus ganancias si se invierten en fondos personales de retiro, al estilo de los llamados 401-K en los Estados Unidos, pero sin eximirlos de contribuir al sistema oficial.

Como surge de esas posibles ideas de solución, aún en un contexto político diferente, evitar una futura crisis del sistema no será tarea fácil, pero debiera ser evidente que la falta de una acción seria y concertada conducirá a graves e impredecibles consecuencias sociales y económicas.

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